La UNESCO evalúa las muchas amenazas que el patrimonio mundial sufre en nuestro país
Entidades ciudadanas de todo el Estado se coordinan para denunciar e intentar evitar el expolio de esos importantísimos bienes culturales
El pasado domingo comenzó en Brasilia la 34ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial (UNESCO). Y allí España destaca como el país que más conflictos protagoniza en relación con los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, que se evalúan dicha reunión. Este hecho, más allá del resultado final de ese examen, ya es de por sí preocupante, por cuanto tal volumen de problemas demuestra que el Estado español no es ejemplo para la conservación y gestión adecuada del patrimonio.
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Se ha dicho que el problema de fondo es el modelo de crecimiento español, basado fundamentalmente (por lo menos hasta la crisis de 2008) en el sector inmobiliario y en la especulación territorial y urbanística. Esto ha conllevado, entre otras afecciones, la perdida de una gran parte de nuestros paisajes. Un tipo de bien que la Convención Europea del Paisaje define como “un componente esencial del entorno en el que viven las poblaciones, expresión de la diversidad de su común patrimonio cultural, ecológico, social y económico y, a la vez, fundamento de su identidad”. El paisaje, pues, no es un lujo para el disfrute de privilegiados sino un elemento fundamental para el bienestar individual y colectivo. Se trata de un recurso no renovable, frágil y sometido a cambios muy drásticos. La participación en la planificación y gestión del paisaje es un derecho y una responsabilidad de todos, no solamente de las autoridades. España ha ratificado el Convenio Europeo del Paisaje (26 de noviembre de 2007) y su entrada en vigor el 1 de marzo de 2008 supone asumir compromisos y cumplir objetivos en materia paisajística. Ni el Estado ni las comunidades autónomas han hecho nada hasta la fecha para proteger, gestionar y ordenar el paisaje, como determina el citado Convenio Europeo del Paisaje.
Se ha argumentado que España tiene una singularidad administrativa (la responsabilidad ante UNESCO es del Estado, pero las competencias en materia de patrimonio han sido transferidas a las Comunidades Autónomas) que entorpece la delimitación de responsabilidades sobre la gestión de los bienes Patrimonio Mundial; y se ha apuntado, también, que un crecimiento socio-económico rápido ha generado un gusto por las obras grandilocuentes, fuera de escala y de lugar y símbolos de una falsa modernidad. Todo ello con una grave afección sobre el patrimonio ( y no sólo sobre el Patrimonio Mundial).
Entrando en algunos de los casos objeto de polémica relacionados con la reunión de Brasilia hay que señalar:
- El caso de Sevilla, con la construcción ya iniciada de la Torre Cajasol, un rascacielos de 178 metros junto a su conjunto histórico y con graves repercusiones sobre el paisaje histórico de la ciudad, es ejemplo de proyecto megalómano, pretencioso y prepotente que se impone a los valores patrimoniales a pesar de que afecten gravemente a los bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial y al paisaje de toda la ciudad y sus alrededores. Por lo que llaman la atención las recientes declaraciones de la Ministra de Cultura, afirmando que defenderá esta torre ante la UNESCO.
- La ampliación del puerto de Ibiza, sin una argumentación clara respecto a la necesidad de esta obra, está a punto de alterar uno de los ámbitos menos transformados desde los que apreciar el casco histórico de esta ciudad patrimonio mundial y que pone en grave peligro la consideración del elemento natural del bien catalogado, la pradera de posidonia más grande del mundo.
- En Barcelona, y a pesar de que se han planteado otras alternativas, el trazado del ferrocarril de alta velocidad pasaría al mismo lado de la cimentación del templo de la Sagrada Familia, poniendo en peligro esta obra universal y singular.
- La Ciudad Vieja de Salamanca, con hasta nueve apariciones en los últimos nueve años en las decisiones del Comité de Patrimonio Mundial, por diversos asuntos: pretensión por construir un aparcamiento subterráneo en la plaza de los Bandos, o un edificio sobre un huerto conventual en un entorno de siete bienes de interés; supresión del Plan Especial de Protección; no haber ampliado la zona protegida, haber realizado múltiples modificaciones puntuales al planeamiento... Es el claro ejemplo de cómo las autoridades españolas desatienden las contundentes decisiones del Comité, las recomendaciones de los informes de las misiones de expertos y las cartas y documentos internacionales que guían en la conservación del patrimonio.
- En Ávila, tras el mega-edificio construido en la plaza de Santa Teresa, se ha antepuesto al lienzo de la muralla un Palacio de Congresos, junto al que ahora se pretende construir un aparcamiento a los pies de la muralla; y todo ello sin un planeamiento urbanístico de protección claro y actualizado.
- Doñana, es también objeto de discusión en el Comité de Brasilia, pues se trata de un bien inscrito en la categoría de patrimonio natural que lleva muchos años soportando presiones muy potentes por parte de la industria, de la minería y del desarrollo turístico. El tráfico de petroleros y la ampliación de las instalaciones del refinado de petróleo en Huelva, junto a la construcción de un oleoducto que alcanzará Huelva desde Extremadura atravesando Sierra Morena, suponen el incremento de las tensiones sobre este espacio frágil y singular.
Otros casos no son objeto de discusión en el Comité de Brasilia, pero preocupan profundamente a los expertos en patrimonio. Así:
- Las amenazas que se ciernen sobre el Camino de Santiago evidencian un mal entendimiento territorial y paisajístico de este bien: autovías como la de Santiago-Lugo, que no respeta convenientemente el Camino Francés; la utilización de las viejas corredoiras del Camino Portugués como vías auxiliares para los obras del AVE (ayuntamiento de Barro); polígonos industriales, como es el de O Pino; alteraciones del trazado histórico del Camino; la construcción de un teleférico en el propio Santiago que partiría de la puerta del centro histórico por donde entra el camino; hasta la banalización con equipamientos como barbacoas al pie del Camino.
- En Segovia, la legislación urbanística no protege adecuadamente el patrimonio histórico de la ciudad y lo deja al albur de la especulación. La planificación se ve modificada en función de distintos intereses, sobre todo económicos, por el mecanismo de las modificaciones puntuales. Algunas de éstas ya han sido declaradas ilegales por los tribunales de justicia. El Ayuntamiento pretende además construir un nuevo aparcamiento subterráneo en el paseo de Isabel II, junto a la muralla de la ciudad, lo que debe someterse al conocimiento del Comité del Patrimonio Mundial.
- En León, al paso del Camino de Santiago, se produce la destrucción sistemática del caserío tradicional de la ciudad antigua y la pretendida instalación de “moscas esculturales”, firmadas por Eduardo Arroyo, sobre diversos bienes monumentales como la Puerta del Castillo, a pesar de la tajante prohibición legislativa.
Las asociaciones abajo firmantes, procedentes de los cuatro puntos cardinales del país, unen sus voces para recordarles a las distintas administraciones, con el gobierno central a la cabeza, que estar en la Lista del Patrimonio Mundial es una responsabilidad; es convertirse en un referente sobre cómo debe tutelarse y gestionarse el Patrimonio Mundial, y no en un mero reclamo turístico, tal y como es entendido por muchas autoridades españolas (sobre todo municipales y autonómicas). Queremos llamar la atención sobre el hecho de que el Estado Español no puede soslayar su responsabilidad ante UNESCO y la comunidad internacional. Aunque no se tengan las competencias directas, se tiene la responsabilidad última, pues el Estado es el máximo garante de la conservación de todo el patrimonio cultural y natural de España, por encima de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Éstos se visten con la insignia del Patrimonio Mundial sin respetar, y a veces sin conocer siquiera los documentos y cartas que guían en la conservación de ese patrimonio.
Por último, también deseamos recordarle al Estado que debe informar sobre cualquier proyecto de ejecución o cambio legal de cierta envergadura al Centro de Patrimonio Mundial, tal y como señala el párrafo 172 de la Directrices para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. De haberse cumplimentado este trámite, estamos seguros de que muchos de los problemas que se discuten en Brasilia no habrían existido nunca. Y el trabajo ciudadano se podría estar dedicando a otros menesteres.
FIRMAN:
- Asociación Galega de Amigos del Camino de Santiago. AGACS
- Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” de Salamanca
- Asociación “Amigos del Patrimonio” de Segovia
- Asociación “Decumanum” de León
- Federación de Asociaciones por el Patrimonio de Castilla y León
- Grup d’Estudis de la Natura, GEN-GOB. Ibiza
- Institut d'Estudis Eivissencs
- Juan Pacheco Tirado, patrimonialista de Ibiza
- SOS Monuments. Barcelona, Red Iberoamericana para la Defensa del Patrimonio Cultural
- y la Plataforma Ciudadana Contra la Torre Cajasol ¡TÚMBALA!:
Arquitectura y Compromiso Social, Ecologistas en Acción, Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía, Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico "Ben Baso", Asociación Demetrio de los Ríos para la Defensa de Patrimonio, Foro Social de Sevilla, Universidad y Compromiso Social, Asociación Histórica Retiro Obrero, Asociación Andaluza de Antropología, Plataforma Ciudadana por los Parques y Jardines de Sevilla, Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla, Amigos de los jardines de la Oliva, Casa de la Paz, Asociación Casa del Pumarejo, Plataforma por la Casa de Pumarejo, Centro Vecinal Pumarejo, Comité Pro Parque Educativo Miraflores, Baetica Nostra, Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe.
ciudadaniacontralatorrecajasol@gmail.com
http://ciudadaniacontralatorrepelli.blogspot.com/
